Garantía millonaria, ¿impunidad para la élite?


El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$50 millones a cada uno de los imputados en el caso Jet Set: Antonio y Maribel Espaillat. A pesar de que ambos son señalados por la fiscalía como responsables del desplome que causó la muerte de 236 personas, evitaron la prisión preventiva. En un país donde la justicia tarda años y trata distinto a la élite, este caso vuelve a encender las alarmas sobre un sistema judicial con dos velocidades.

Medidas impuestas por el tribunal

Tras más de 12 horas de audiencia, la jueza Fátima Veloz determinó las siguientes medidas de coerción:

  • Garantía económica de RD$50 M a cada imputado.
  • Impedimento de salida del país.
  • Presentación periódica ante las autoridades judiciales.
  • Declaración del caso como complejo.

Una decisión criticada

El Ministerio Público y abogados de las víctimas calificaron la resolución como una burlad a los afectados. Wilson Camacho, director de Persecución, advirtió que esto contradice la gravedad del colapso. Por su parte, el abogado Félix Portes recalcó que había consenso en cambiar la acusación a homicidio con dolo, y no limitarse a un simple homicidio involuntario. El plazo de coerción será apelado inmediatamente. 0

El contraste con ciudadanos comunes

Para los dominicanos sin apellido, errores como robo o disturbios con frecuencia se traducen en prisión preventiva inmediata. Pero para la élite como los Espaillat, una fianza millonaria y una promesa de presentación bastan. Esta disparidad genera indignación social:

  • ¿Es suficiente esta medida para salvar vidas que ya se perdieron?
  • ¿Por qué no se aplica prisión mientras se recopilan pruebas cribadas?
  • Así el sistema realza la brecha entre justicia para ricos y pobres.

¿Justicia o privilegio institucional?

Este caso revive antiguos patrones en la República Dominicana: impunidad para la élite empresarial y política. Las estructuras de poder parecen proteger a sus integrantes, mientras se reduce al silencio o al encierro a los que no tienen recursos. La pregunta sigue siendo: ¿servirá esta garantía económica como advertencia o como escudo para evitar prisión real?

La justicia dominicana tiene otra prueba de fuego: demostrar que no protege apellidos ni chequeras. Si los hermanos Espaillat cumplen con las presentaciones y evitan prisión, las víctimas y sus familias no verán verdad ni reparación. En WXM Radio exigimos un sistema justo, donde el peso de la ley aplique por igual a todos.