Desde su llegada al poder en 2020, el gobierno de Luis Abinader y el PRM ha prometido transparencia, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. Pero hoy, cinco años después, República Dominicana se enfrenta a un panorama sombrío: leyes que centralizan el poder, intentos legislativos que limitan la libre expresión y políticas que recuerdan más a una dictadura moderna que a una democracia funcional.


1. El poder absoluto disfrazado de inteligencia


La llamada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), otorga a este organismo el poder de exigir información a cualquier ciudadano, empresa, medio de comunicación o institución sin orden judicial previa. Bajo el argumento de “seguridad nacional”, la ley elimina el derecho al secreto profesional, el derecho a proteger las fuentes periodísticas y el principio de confidencialidad, todos pilares fundamentales de la democracia y el periodismo libre.


¿Qué significa esto en la práctica?

Significa que si un periodista recibe una denuncia contra un funcionario corrupto, la DNI puede exigirle revelar su fuente, incluso sin que medie investigación judicial. El silencio, el miedo y la autocensura se convierten en herramientas de control.


2. Proyectos mordaza: silenciar al que critica


En paralelo, legisladores del oficialismo impulsaron una ley apodada “Ley Mordaza”, cuyo fin sería penalizar la difusión de opiniones o denuncias en redes sociales. Aunque este proyecto fue retirado ante el rechazo masivo, dejó al descubierto una intención clara: quieren callar al influencer, al periodista digital, al ciudadano común que se atreve a cuestionar al poder.


3. Desarmar al pueblo: un clásico de toda dictadura


Sumado a esto, el gobierno ha promovido decretos para el desarme masivo de la población civil. Si bien se argumenta que es para reducir la violencia, la historia latinoamericana muestra que todo régimen autoritario empieza por dejar indefenso al pueblo. Un pueblo desarmado, desinformado y silenciado es el caldo de cultivo perfecto para consolidar el autoritarismo.


4. Corrupción, narco y silencio institucional


El contexto no puede separarse de los múltiples escándalos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico que han salpicado al PRM. Varios funcionarios, senadores, alcaldes y legisladores están siendo investigados o han sido vinculados a estructuras criminales. Mientras tanto, las iniciativas para limitar la libertad de prensa y expresión avanzan como si fueran una prioridad nacional.


Algunos casos conocidos incluyen:


Operación Falcón y Operación Halcón IV, donde se vieron involucrados dirigentes del PRM en redes de narcotráfico.


La caída de funcionarios municipales y legisladores acusados de usar sus cargos para lavar dinero.


Y el silencio ensordecedor de muchas instituciones ante estas denuncias, que jamás prosperan del todo.



5. ¿Quién habla por el pueblo ahora?


El abogado José Martínez Brito, conocido por su postura crítica y defensa de la libertad, ha sido enfático: “Se está montando una estructura autoritaria en República Dominicana que recuerda los pasos de Trujillo”. Las similitudes son perturbadoras: control del discurso, uso del poder para vigilar al ciudadano, y concentración absoluta en manos del Ejecutivo.


No se trata solo de periodistas. Esta es una lucha por el derecho que tienes tú, ciudadano, de expresarte en tu red social, de denunciar lo que ves, de opinar sin miedo. Si esta ley avanza y se normaliza, lo que hoy es vigilancia, mañana puede ser represión.


No podemos permitir que se convierta en delito opinar. Que se castigue pensar. Que se silencie denunciar.


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