En medio de crecientes tensiones por un anteproyecto de ley que reformaría el marco legal sobre la libertad de expresión en República Dominicana, el presidente Luis Abinader optó por desligarse públicamente del documento, afirmando que “no tiene ni una coma” redactada por él. Una declaración que ha sido interpretada por la opinión pública como un intento de eludir responsabilidades políticas ante una propuesta altamente sensible.


¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO?


El anteproyecto busca sustituir la antigua Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Entre sus puntos clave, se destaca la creación de un nuevo organismo: el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que funcionaría como ente regulador con autonomía. Este reemplazaría a la tradicional Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.


Además, el proyecto plantea regular contenidos difundidos en medios audiovisuales, redes sociales y plataformas digitales, bajo criterios de “transparencia”, “responsabilidad” y “garantía del debido proceso”. Aunque en el papel se exalta la “prohibición de la censura previa” y se proclama el “respeto a la crítica”, muchos sectores consideran que abre la puerta a mecanismos de control encubierto.


UN PRESIDENTE EN SILENCIO... O EN ESTRATEGIA


Al ser cuestionado sobre la propuesta, el presidente Abinader lanzó una frase que ha generado fuertes reacciones: “Ese proyecto no tiene ni una coma mía”. Una respuesta que recuerda a Poncio Pilato, lavándose las manos frente a una decisión incómoda.


Su postura ha sembrado más preguntas que respuestas:


¿Quién redactó realmente el anteproyecto?


¿Por qué su gobierno lo impulsa si él mismo se desmarca?


¿Se trata de una movida política para probar reacciones antes de comprometerse públicamente?


REACCIONES ENCADENADAS


Periodistas, gremios de comunicación y defensores de derechos digitales han mostrado preocupación. El temor central es que el Estado adquiera facultades para vigilar, sancionar o condicionar el contenido que circula en los medios y redes sociales, lo cual afectaría directamente el derecho a la libre expresión.


¿LIBERTAD O CONTROL DISFRAZADO?


Aunque se argumenta que es necesario modernizar las leyes comunicacionales en un entorno digital cambiante, muchos se preguntan si este anteproyecto es un avance democrático o una herramienta maquillada de control político.


Lo cierto es que mientras el presidente se desvincula, el documento sigue su curso en el Congreso. Y la ciudadanía, atenta, exige transparencia, inclusión en el debate y respeto a sus derechos fundamentales.


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