Una jornada atípica marcó este lunes la rutina del Ministerio de Interior y Policía. La titular de la cartera, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, se ausentaron de su acostumbrada rueda de prensa tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta.

La inusual ausencia ocurre en medio de un torbellino de cuestionamientos por las nuevas revelaciones del caso La Barranquita, donde once agentes policiales enfrentan solicitud de medida de coerción tras un operativo que dejó cinco jóvenes muertos en Santiago.

REVELACIONES QUE CAMBIAN LA VERSIÓN OFICIAL

El expediente presentado por el Ministerio Público contradice de forma directa la versión inicial de la institución del orden. Según los resultados de las autopsias, los análisis balísticos y las pruebas de residuos de pólvora, ninguna de las víctimas realizó disparos durante el operativo.

Los informes forenses también indican que los proyectiles extraídos de los cuerpos corresponden a armas de reglamento de la Policía Nacional. Además, los exámenes toxicológicos determinaron que no se detectaron sustancias controladas en los organismos de los fallecidos, desmontando así el argumento de que se trataba de un enfrentamiento con presuntos delincuentes.

UNA AUSENCIA QUE GENERA SOSPECHAS

El silencio institucional fue interpretado por analistas y ciudadanos como una señal de crisis interna y repliegue estratégico. La ministra Faride Raful, quien en ocasiones anteriores ha defendido públicamente la transparencia policial, no ofreció declaraciones sobre el expediente ni sobre los hallazgos que comprometen la narrativa oficial.

Tampoco el mayor general Guzmán Peralta apareció ante los medios, a pesar de que su presencia es habitual en cada encuentro con la prensa tras las reuniones de la Fuerza de Tarea. La ausencia simultánea de ambos funcionarios marca un precedente inusual en la comunicación del Ministerio y alimenta la percepción de que las autoridades buscan contener el daño reputacional.

LOS HALLAZGOS FORENSES: PRUEBAS CONTUNDENTES

El Ministerio Público sostiene que las pruebas científicas son concluyentes:

  • Ninguna de las víctimas presentó rastros de disparos realizados.
  • Los impactos mortales corresponden a armas policiales.
  • No se hallaron drogas ni sustancias controladas en los cuerpos.

Estos resultados derriban la versión policial que inicialmente hablaba de un “enfrentamiento armado” y refuerzan las acusaciones de ejecución extrajudicial, una práctica que organismos de derechos humanos vienen denunciando desde hace años en la República Dominicana.

EL COSTO POLÍTICO DEL SILENCIO

La ausencia de la ministra y del jefe policial no solo expone una crisis de confianza, sino que también compromete la credibilidad del discurso gubernamental sobre la “reforma policial”. Mientras la sociedad exige respuestas, el silencio oficial se traduce en una sensación de impunidad encubierta que mancha la imagen del Gobierno.

Faride Raful, quien llegó al cargo con el compromiso de impulsar cambios institucionales, enfrenta ahora su mayor prueba política y moral. Su voz ausente en un momento de tanta gravedad deja abierta la pregunta: ¿a quién protege el silencio?

UNA POBLACIÓN QUE NO OLVIDA

Mientras tanto, los familiares de las víctimas y diversos sectores sociales exigen justicia y una depuración real de la Policía Nacional. El caso La Barranquita se convierte así en un espejo que refleja lo más oscuro de la institución: abuso de poder, encubrimiento y falta de rendición de cuentas.

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