República Dominicana ha aprobado un nuevo Código Penal. Pero lo que se ha vendido como “avance jurídico” no es más que una operación quirúrgica para perfeccionar lo que ya funcionaba como una maquinaria: el control, el castigo y la represión del pueblo pobre. Lo que se ha hecho no es justicia. Es legalización de la desigualdad.

Un código nuevo para una impunidad vieja

El nuevo Código Penal no representa una transformación de fondo. Solo cambia el envoltorio de un sistema que lleva décadas persiguiendo al de abajo y protegiendo al de arriba. Mientras se imponen penas más severas para delitos menores —como robos simples, resistencia a la autoridad o desacato—, se mantienen privilegios para legisladores, senadores y funcionarios. ¿Eso es justicia? No. Es terrorismo legal.

Los congresistas siguen blindados por el fuero parlamentario. Los altos funcionarios del Estado, amparados por jurisdicciones privilegiadas. Y el Poder Judicial, lejos de cuestionarlo, se acomoda dentro de ese andamiaje. Así funciona esta república: una coreografía institucional donde cada poder hace su parte para sostener la impunidad de la élite.

El Congreso: verdugos legislativos del pueblo

La Cámara de Diputados y el Senado no legislan para todos. Legislan para ellos mismos y para sus financistas. En lugar de garantizar que todo ciudadano sea igual ante la ley, han garantizado lo contrario: que ellos, por su investidura, estén por encima de ella.

Con cada nueva ley, con cada rechazo a las causales del aborto, con cada omisión frente a la corrupción administrativa, el Congreso demuestra que no está al servicio del pueblo. Está al servicio de su permanencia, de su inmunidad, de sus privilegios.

El Poder Ejecutivo: cómplice por omisión o diseño

El presidente y su gabinete tienen la responsabilidad constitucional de velar por el bienestar general. Sin embargo, han aplaudido este Código Penal como si fuera un logro social. No lo es. Han preferido pactar con sectores conservadores antes que empujar una transformación real que desmonte los pilares de la impunidad.

Al callar frente a los privilegios de sus aliados políticos, el Ejecutivo se convierte en cómplice directo. No basta con decir que “se respeta la independencia de poderes”. Cuando la impunidad se organiza desde el Congreso y se ejecuta desde los tribunales, el silencio presidencial es complicidad institucional.

El Poder Judicial: selectividad penal como norma

Los tribunales dominicanos no son neutrales. Basta con ver a quién persiguen con saña y a quién protegen con tecnicismos. Mientras jóvenes de barrios marginales pasan años en prisión preventiva por robar un celular, funcionarios corruptos y lavadores de activos desfilan impunes, amparados en tecnicismos legales o vencimientos procesales.

El Ministerio Público, aunque ha dado algunas señales de independencia, sigue siendo limitado por las estructuras políticas que lo financian y lo controlan. Y cuando una ley se aprueba con vacíos legales a propósito, no se trata de incapacidad. Se trata de diseño. Este Código Penal no tiene fallos; tiene intenciones ocultas.

¿Quién defiende al pueblo?

En esta supuesta democracia, los tres poderes del Estado actúan como una sola mafia legal. El Legislativo diseña la trampa, el Ejecutivo la normaliza, y el Judicial la ejecuta. Todos juntos han creado un Estado donde el pueblo es súbdito y los políticos, monarcas de impunidad.

¿Dónde queda el dominicano que trabaja, que sobrevive, que paga impuestos y que nunca ha pisado un tribunal? Queda bajo sospecha. Porque la ley no está escrita para él, sino contra él. Porque este Código Penal no protege a la víctima, protege al sistema.

Conclusión: cuando la ley se convierte en amenaza

No podemos seguir celebrando reformas que disfrazan la injusticia. No podemos aceptar como avance lo que es, en realidad, un retroceso maquillado. Mientras los de arriba siguen blindados, los de abajo siguen enterrados. La ley no debe ser un arma para silenciar. Debe ser una herramienta para liberar.

El nuevo Código Penal dominicano es un pacto entre élites, una arquitectura de privilegios y una amenaza legal para los que menos pueden. Hoy, más que nunca, hay que decirlo con claridad: los tres poderes del Estado dominicano actúan como una mafia organizada, y el pueblo está pagando el precio.

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