República Dominicana. - Mientras se vende al mundo una imagen de lucha contra la corrupción, en los barrios residenciales del país ocurre otra realidad que el gobierno prefiere ignorar. Rodolfo Minaya Contreras, un empresario con múltiples denuncias por acoso judicial, abuso de poder y supuesta ocupación ilegal de terrenos protegidos, se pasea libremente sin que la justicia lo toque. ¿Por qué? ¿Quién lo protege? ¿Hasta dónde llegan sus tentáculos?

La comunicadora Karina Larrauri ha puesto sobre la mesa una denuncia que no puede ser minimizada: este hombre estaría usando la justicia como un arma personal para someter, perseguir y silenciar a ciudadanos ejemplares, cuyo único crimen ha sido defender sus derechos y sus espacios verdes.

Un entramado de persecución legal al servicio de un solo hombre

Más de 20 vecinos del residencial Isabel Villas han sido arrastrados a tribunales en demandas que rayan en el absurdo: desde acusaciones de incendio hasta difamación, asociación de malhechores y falsificación. Todas presentadas por una misma figura: Rodolfo Minaya Contreras. Lo que se vive allí no es una disputa vecinal; es una campaña sistemática de acoso judicial.

“Lo que este señor quiere es tomar el control de la junta de vecinos y hacer lo que quiera con el residencial. Y lo más grave es que lo está logrando, usando la justicia como un arma para doblegar a quienes se le oponen”, denunció Larrauri con firmeza.

El precio de no venderse: la persecución al fiscal Gerinaldo Contreras

Uno de los pocos funcionarios que se ha negado a ceder ante los intereses de Minaya ha sido el fiscal Gerinaldo Contreras. Por no aceptar sobornos, hoy se encuentra bajo fuego. Su integridad ha sido castigada, su cargo amenazado. Y lo más alarmante: su caso ha sido reportado ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, sin que ninguna autoridad mueva un dedo para protegerlo.

¿Qué tipo de poder tiene este empresario para remover a un fiscal que le resulta incómodo? ¿Desde cuándo un ciudadano puede disponer de funcionarios a su antojo? La respuesta parece estar más arriba de lo que imaginamos.

Silencio cómplice desde el Estado

La actual Procuradora General de la República fue informada de la situación y prefirió mirar hacia otro lado. El Consejo del Ministerio Público recibió el caso. ¿Resultado? Ninguno. Las autoridades saben lo que ocurre, pero eligen callar. Y ese silencio es más elocuente que cualquier discurso.

¿Será que el Ministerio Público responde a intereses superiores? ¿Será que desde el Palacio Nacional se ha dado la orden de no tocar a Rodolfo Minaya Contreras?

¿Estamos ante un poder paralelo apadrinado por el gobierno?

Todo indica que sí. El Estado dominicano está permitiendo —por acción u omisión— que un empresario utilice la justicia como instrumento de represión. En cualquier democracia sana, esto bastaría para abrir una investigación de urgencia. Pero aquí no. Aquí, el agresor es intocable. El que corrompe, manda. El que soborna, decide. El que resiste, es removido.

Los ciudadanos se preguntan: ¿cuál es la verdadera relación entre Rodolfo Minaya Contreras y el poder político? ¿Qué intereses lo blindan desde lo más alto del gobierno? ¿Quién en la Presidencia permite que esto continúe?

No se trata solo de un caso local: se trata del colapso institucional de un país que presume transparencia mientras es gobernado, en la práctica, por redes de poder que operan en la sombra.

WXM ONE RADIO exige respuestas

Desde este medio, alzamos la voz para que se abra una investigación profunda sobre la red de influencia que rodea a Rodolfo Minaya Contreras. Exigimos protección para el fiscal Gerinaldo Contreras y para todos los ciudadanos que están siendo perseguidos injustamente. No puede haber democracia donde la justicia responde al dinero y no a la ley.

Los pueblos no despiertan por voluntad; despiertan por hartazgo. Y este caso, es una vergüenza nacional que debe hacernos reaccionar.