El giro en Jet Set: finalmente una acción real
El 12 de junio de 2025, la Dirección de Persecución del Ministerio Público ejecutó una orden de arresto dictada por un juez contra Antonio y Maribel Espaillat. Ambos fueron interrogados por más de una hora y trasladados a la Cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras una petición formal del Ministerio Público basada en el informe pericial que certifica negligencia estructural en la discoteca que causó la muerte de 236 personas y lesiones a cientos más. 0
Esta medida llega tras meses de silenciosa investigación, incautación de instalaciones y órdenes judiciales que impedían modificaciones en los bienes de los involucrados. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué no ocurrieron arrestos inmediatamente tras la tragedia?
Wander Franco: juicio exprés
Mientras se demoraba el procesamiento de los Espaillat, **Wander Franco** fue llevado a juicio en junio por acusaciones de abuso sexual contra una menor. El proceso comenzó apenas días tras las acusaciones, con rapidez inédita: allanamientos, pruebas, testigos… todo fluido. Este contraste demuestra que para la justicia dominicana, no todos queman prioridad. El pelotero, cara pública, se convierte en ejemplo de rigurosidad. La élite en cambio—quizás temerosa de su propia exposición—fue sepultada por el sistema legal. 1
La élite protegida por la justicia
El caso Jet Set no es aislado. Durante años, políticos, empresarios y funcionarios han sorteado tribunales con impunidad. El derrumbe de la discoteca reveló un edificio sin inspección por 30 años, advertencias ignoradas, filtraciones persistentes y, aun así, nadie fue interrogado hasta hoy. El expediente tardó más de ocho semanas en concretarse. En contraste, el expediente contra Franco, por un delito mucho más complejo de investigar, avanzó vertiginosamente.
Este doble rasero consolida una percepción colectiva: la justicia dominicana sólo funciona cuando la presión pública obliga, y aun así, actúa tarde. El sistema no es ciego ni ciego no es; más bien, es miope a la impunidad de los poderosos.
¿Es este el momento del cambio?
La detención de los Espaillat puede ser un hito, pero no debe ser un caso aislado. La clase política y los jueces deben entender que actuar a tiempo no es opcional, es su obligación. Las víctimas, los familiares, las generaciones futuras, exigen que la justicia funcione con equidad, no según el color del apellido o la chequera. La sociedad necesita ver que las palizas a los pobres no son la norma, pero las licencias a los poderosos sí son ya historia antigua.
La República Dominicana está ante una encrucijada: puede mantener un sistema judicial que castiga a los humildes y protege a los poderosos, o puede dar un salto hacia una justicia real, sin privilegios, sin demoras injustificadas. Que los Espaillat enfrenten la ley no es un acto heroico: es lo mínimo que exige la justicia. Pero el reto sigue siendo consolidar un sistema donde todos, sin excepción, sean iguales ante la ley.
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